Durante el año, hubo numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, que incluyeron arrestos y detenciones arbitrarias, detención ilegal de menores y represión de libertades fundamentales como la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de circulación. Las instituciones del Estado continuaron siendo en gran parte una mera fachada, para ocultar la realidad de que la familia presidencial monopoliza toda autoridad decisoria: incluso es habitual que instituciones trascendentales del Estado, como el gobierno y el poder judicial, se disuelvan y vuelvan a constituirse a discreción del Presidente.

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