(Madrid, 19 de diciembre 2017) El juicio de la familia Kokorev, los presuntos testaferros de Teodoro Obiang, que tendrá lugar en fechas próximas en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (España) supone—tras la sentencia de un Tribunal Francés condenando a Teodorín Obiang—un paso positivo más para aclarar los desvíos y blanqueo de dinero procedentes de las arcas públicas guineanas que reveló en 2003 el Senado de Estados Unidos. Llaman la atención los esfuerzos que se están realizando desde el entorno de los acusados para, en apariencia, intentar frenar el procedimiento con el apoyo de instancias políticas de la derecha Europea.
En este sentido, por ejemplo, la pasada semana algunos parlamentarios del Partido Popular europeo se han dirigido a la Fiscalía General del Estado de España pidiendo explicaciones por la situación de prisión provisional de Vladimir Kokorev. Se refieren a la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de mantener la prisión provisional a Vladimir Kokorev acusado de ejercer como presunto testaferro del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, al no considerar válidos los bienes que pretende aportar como fianza.
Frente a esta postura, Tutu Alicante, Director Ejecutivo de EG Justice, recuerda que “el caso Kokorev pone en evidencia un asunto de corrupción masiva y desviación de fondos públicos que enriquecen al dictador Teodoro Obiang y a su familia a costa de la miseria de los ciudadanos de ese país. Cualquier político, representante del pueblo, u otra personalidad pública que no entienda o se oponga a que se haga justicia en este aberrante caso, ayuda con su complicidad tácita en uno de los ejemplos más emblemáticos de cleptocracia.”
Al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Vladimir Kokorev, los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial no han aceptado los bienes que presentaba el interesado para poder cubrir los 600.000 euros de fianza solicitados para librarse de la prisión provisional. Dichos bienes están en entredicho en cuanto a su origen y según la autoridad judicial son garantía para las responsabilidades económicas a que pudiera haber lugar.
Vladimir Kokorev, su esposa Julia Maléeva y su hijo Igor Kokorev, fueron detenidos en Panamá en septiembre de 2015 y extraditados a España tras un procedimiento penal incoado en el año 2009, como consecuencia de una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial por un delito de blanqueo de capitales perpetrado en España.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria fue quien decretó la orden de busca y captura. El 6 de septiembre de 2015, tras su extradición desde Panamá a España, los Kokorev ingresaron en prisión preventiva, donde han permanecido hasta hace unos meses.
Actualmente Yulia Maléeva e Igor Kokorev han sido puestos en libertad provisional con retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado, mientras que respecto de Vladimir Kokorev se ha dictado resolución disponiendo su libertad provisional bajo fianza de 600.000 €. Se les acusa de blanqueo de capitales procedentes de origen ilícito, concretamente malversación de caudales públicos, tráfico de armas y delito contra la Hacienda Pública Española.
El Senado de Estados Unidos
En concreto, más de 26 millones de dólares se transfirieron desde las arcas públicas guineanas, específicamente desde la cuenta del petróleo de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs, a la cuenta de la entidad Kalunga Company en el Banco de Santander, de la que eran propietarios los Kokorev.
Estas operaciones financieras, que salieron a relucir en 2003 durante las pesquisas del Senado norteamericano por los atentados del 11 de septiembre, son el resultado de los pagos por el Petróleo de Guinea, titular de la cuenta del Riggs, a Kalunga Company, titular de la cuenta del Banco Santander. Según el informe del Senado publicado en 2004, Kalunga podría ser, total o parcialmente, una compañía fantasma propiedad en parte de Teodoro Obiang.
En España el caso arrancó en 2009, tras haberse presentado una querella en 2008 por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España ante la Audiencia Nacional por delito de blanqueo de capitales procedentes de la corrupción en Guinea Ecuatorial. El juez Baltasar Garzón remitió la querella a Las Palmas, por ser la ciudad donde se recibieron las transferencias desde el Banco Riggs de Estados Unidos (que ya no existe) al Banco Santander.
La reciente condena en Francia contra Teodoro Nguema Obiang, (Teodorín) Vicepresidente e hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, así como el caso ajustado entre el Departamento de Justicia de USA contra los bienes de Teodorín en USA; las investigaciones y bienes requisados en Sudáfrica, Holanda y Suiza; y los datos que ligan a la familia Obiang con empresas fantasmas y cuentas bancarias en Panamá y Bahamas, confirman que estamos ante uno de los mayores casos de robo despiadado del erario público por gobernantes. Este es un flagrante caso de cleptocracia en la cual la justicia contra todos los perpetradores, testaferros, facilitadores y cómplices es una obligación legal y moral.
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