La buena noticia de la liberación del empresario italiano Roberto Berardi, el 9 de julio de 2015, de la prisión en Guinea Ecuatorial donde pasó los últimos 30 meses de su vida, es motivo de celebración; sin embargo todavía hay  mujeres y hombres que permanecen injustamente en prisión y que también deben ser liberados.

Berardi debería haber sido puesto en libertad el 19 de mayo del 2015, después de cumplir una condena de 28 meses por presunta malversación de fondos de la compañía Eloba Construcción; sin embargo el día programado para su puesta en libertad, las autoridades judiciales decidieron que Berardi debía pasar otras seis semanas en la cárcel. Finalmente, además de las seis semanas, pasó otros dos días adicionales.

Hoy, muchos permanecen en prisión en Guinea Ecuatorial tras haber sido declarados culpables de delitos en juicios,  incluyendo por tribunales militares, los cuales no cumplían las normas internacionales de derechos humanos que regulan los juicios, ya que no se presentó ninguna pruebas de apoyo a los cargos hechos contra los acusados.

Uno de estos casos es el del ex militar Cipriano Nguema Mba, quien está cumpliendo una condena de 27 años, tras haber sido declarado culpable en octubre de 2014 de haber atentado contra la forma de gobierno y la integridad física del Jefe de Estado. Su juicio, llevado a cabo por un tribunal militar, fue manifiestamente injusto. No se presentaron pruebas para demostrar el caso ni para condenarle a él o a sus codemandados. Se le negó la asistencia de un abogado de su elección; en cambio un militar sin formación jurídica fue asignado para defenderlo. Por otra parte, al acusado no se le concedió el derecho a apelar su condena ni sentencia.

Cipriano Nguema era un refugiado en Bélgica cuando en Diciembre de 2013 fue secuestrado por personal de seguridad de Guinea Ecuatorial, durante una visita a familiares en Nigeria. Fue trasladado clandestinamente a Guinea Ecuatorial y llevado a la sede de la Seguridad Nacional en Malabo, la capital, donde fue torturado en varias ocasiones antes de ser trasladado a la prisión de Black Beach. Estuvo recluido sin cargos durante unos siete meses e incomunicado durante más de un año. Según las normas internacionales de los derechos humanos, la detención incomunicada constituye un trato cruel e inhumano; y la tortura está prohibida por la legislación nacional, así como por las normas internacionales de derechos humanos.

Los codemandados ​​de Cipriano Nguema, Antonio Ncomi Sima, Ticiano Obama Nkogo y Timoteo Asumu fueron detenidos sin orden judicial a principios de enero de 2014, en Malabo, tras el secuestro de Cipriano Nguema. Ellos también fueron detenidos sin cargos durante siete meses y en régimen de incomunicación durante más de un año. También fueron declarados culpables y condenados por el mismo delito que Cipriano Nguema. Mientras que Timoteo Asumu fue condenado a 15 años de prisión, a los otros acusados se les impuso una pena de 27 años.

Guillermo Nguema Ela y Luis Nzo Ondo, miembros del partido político de oposición Fuerza Demócrata Republicana, no son libres. En marzo de 2015, ambos hombres fueron arrestados arbitrariamente e ilegalmente expulsados ​​a sus respectivos pueblos de origen, de donde no se les permite salir.

Guillermo Nguema fue detenido arbitrariamente en su domicilio de Malabo, en la tarde del 17 de marzo de 2015, el día antes del lanzamiento oficial de una nueva coalición política, el Frente de Oposición Democrática. Más tarde, ese mismo día, le pusieron de forma secreta en un avión para Mongomo, en el continente, y le llevaron a su pueblo de origen.

Luis Nzo fue detenido dos días después, el 19 de marzo, mientras distribuía folletos y usaba un megáfono para denunciar la detención y confinamiento de Guillermo Nguema. Varios policías le golpearon y detuvieron en la calle en Malabo. Pocas horas después de su detención,  Luis Nzo también fue llevado en un avión a su pueblo fuera de Mongomo, donde permanece en éstos momentos.

El código penal de Guinea Ecuatorial permite a autoridades judiciales la imposición del confinamiento como sentencia. Sin embargo, la policía y las autoridades civiles son las que ilegalmente imponen destierros, especialmente contra opositores políticos.

Asimismo, decenas de personas son detenidas en las comisarías de policía de Bata y Malabo, acusadas ​​de delitos diversos, sin haber sido llevadas ante un juez para  oir su caso ni para formalizar su detención, si fuera apropiada. La mayoría de los detenidos permanecen encarcelados durante semanas, muchos por meses. Entre ellos se encuentran decenas de ciudadanos de países vecinos, sospechosos de ser inmigrantes indocumentados.

La ley de Guinea Ecuatorial estipula que todos los detenidos deben ser llevados ante un juez antes de transcurridas 72 horas desde el arresto. Todos los detenidos, incluidos los extranjeros deben ser tratados con prontitud e imparcialidad. Las normas  internacionales de los derechos humanos establecen que a menos que los detenidos sean acusados ​​sin demora de un delito común reconocible, éstos deben ser puestos en libertad.

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