(2 de Junio de 2021) Con motivo de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNGASS2021) que comienza hoy, y después de varios años de noticias sobre escándalos de corrupción relacionados con los países de habla portuguesa, es importante que la agenda de la CPLP considere la necesidad de reforzar sus normas anticorrupción y buena gobernanza. Los derechos económicos, sociales y culturales sólo pueden garantizarse plenamente si las naciones se comprometen a combatir y erradicar la corrupción sin concesiones.
Lamentablemente, parece que en la CPLP los intereses empresariales prevalecen sobre los derechos humanos, mientras que las desigualdades siguen en auge.
Es preocupante que siete años después de su admisión en la CPLP, Guinea Ecuatorial no haya abolido la pena de muerte como exigen los estatutos de la organización.
Del mismo modo, también es muy preocupante que, como en el caso angoleño Luanda Leaks, Portugal siga siendo un facilitador de la corrupción, los flujos financieros ilícitos y el blanqueo de capitales, lo cual acaba impregnando la Unión Europea. Además, las investigaciones sobre la presunta corrupción de empresas portuguesas relacionadas con las élites de Guinea Ecuatorial avanzan a un ritmo muy lento.
La corrupción no es un delito sin víctimas, y la corrupción a gran escala solo es posible cuando existe una falta colectiva de aplicación de las leyes a nivel nacional e internacional, un fracaso que solo beneficia a unos pocos al tiempo que perjudica a los más vulnerables de nuestras sociedades. Por lo tanto, creemos firmemente que existe una responsabilidad mundial compartida.
Instamos a la CPLP a que se comprometa a adoptar y aplicar las recomendaciones de la Unión Europea, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la OCDE contra el soborno aplicables a varios Estados de la CPLP.
Confiamos en que con este compromiso, junto con el apoyo público a la propuesta de Transparencia Internacional y la “UNCAC Coalition” de un Acuerdo Multilateral sobre Recuperación de Activos e Indemnización a las Víctimas, así como el estricto respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular, la libertad de reunión y asociación y la libertad de expresión, se podrá preservar los valores democráticos fundamentales en la CPLP.
Como sociedad civil organizada, estamos dispuestos a apoyar estos esfuerzos a nivel nacional y comunitario, y confiamos en que los órganos ejecutivos de la CPLP, así como los representantes de los Estados Miembros, consideren el valor añadido de asociarse con una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil para una lucha total contra la corrupción a fin de mejorar y promover los derechos humanos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos obligan a todos.
La crisis mundial del Covid-19 exige que seamos solidarios con los que más sufren. La CPLP no puede seguir ignorando que gran parte de este sufrimiento se ve amplificado por la falta de un compromiso serio para erradicar la corrupción como, por ejemplo, hacer cumplir las directrices contra el blanqueo de capitales o frenar los flujos financieros ilícitos procedentes de los países de la CPLP en el Sur Global, habilitados y canalizados a través de Portugal.
Organizaciones que respaldan esta declaración:
Associação Justiça, Paz e Democracia (Angola)
Centro de Integridade Pública de Moçambique
Centro de Integridade Pública de São Tomé e Príncipe
EG Justice (Guinea Ecuatorial)
Observatório da Imprensa de Angola
Observatório da Democracia e Governança (Guiné-Bissau)
Plataforma de Reflexão Angola
Transparência Internacional Brasil
Transparência e Integridade / TI Portugal